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El abogado Gustavo Giraldo Garcés, asesor de la Veeduría Ciudadana al Túnel del Oriente, hizo un llamado para que la Gobernación de Antioquia, titular de la licencia ambiental para ejecutar la obra, tenga en cuenta las órdenes que emitió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en la Resolución 0456 del 12 de junio de 2012.

De acuerdo con el jurista, "la Anla encontró puntos que hacen que en este momento no se pueda definir la viabilidad del proyecto", que cuesta 869.000 millones de pesos. Se refiere, principalmente, a los 31 estudios que, como medidas preliminares de manejo ambiental, debe presentar la Gobernación a Cornare que, en su competencia para vigilar las obras, dirá si los estudios se ajustan a los requerimientos de la Anla.

Giraldo también instó a la Gobernación y a la Concesión Túnel Aburrá Oriente, ejecutora del megaproyecto, a que aclaren las afectaciones que, según él, les generaría el túnel a cerca de 18.000 personas, la mayoría habitantes del corregimiento Santa Elena.

Por su parte el diputado del Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, aseguró que el sistema de concesión "encarece la obra en un 40 por ciento. Los recursos se deben aplicar a otras conexiones viales del departamento, que son un desastre. La de Oriente, siendo mala, es la menos mala".

Para el corporado, el túnel no es prioritario, pero si se hiciera, "la mejor forma es con una conexión vial que incluya transporte público; contratada con el mecanismo de licitación de obra pública, que es el más barato, y con la vigilancia debida".

Anla levantó la medida preventiva que tenía suspendido el proyecto, pero seguirá detenido hasta que la Gobernación le presente a Cornare los análisis que exigió la Autoridad Nacional. Ahí empezarían las obras